Vecinos de Bariloche se reunieron este sábado en el paredón que construyó el propietario de un lote obstruyendo un paso que se utilizó históricamente para acceder al lago Nahuel Huapi a la altura del kilómetro 23,200 y que se reclama que se convierta en un paso público a través de una “servidumbre administrativa”.
Si bien el sector por donde accedían los vecinos siempre fue privado, el paso estuvo habilitado hasta hace unos seis años cuando la propiedad fue vendida a la familia Blaquier -que tendría vinculación con el ingenio Ledesma de la provincia de Jujuy- que comenzó a poner trabas.
El lugar que se reclama es el que tiene las mejores condiciones en más de 100 metros de costa donde predominan los lugares escarpados y de pendientes peligrosas e inaccesibles para ancianos o discapacitados.
Desde entonces, los vecinos comenzaron a peregrinar en la Municipalidad para reclamar el ejercicio del derecho de acceso libre a las costas y lograron que en 2008 el Concejo Municipal sancionara la ordenanza 1863 que mandaba al Ejecutivo.
La ordenanza declaró de utilidad pública y sujeta a “servidumbre de tránsito peatonal” una pequeña fracción del inmueble situado a la altura del 23 de avenida Bustillo, al final de la calle Renoir y encomendó a la Dirección de Catastro municipal que “delimite con exactitud el espacio público del privado” teniendo en cuenta la cota 770,40 msnm y determine mediante mensura la superficie y ubicación exacta de la servidumbre.
La ordenanza señala además que la Municipalidad tiene que convenir con el titular del inmueble afectado, la modalidad y mecanismos más convenientes para concretar el acto. Tiempo después, el Ejecutivo afirmó que no se había llegado a un acuerdo con el propietario, y el problema quedó sin solucionarse.
Por este motivo, este sábado los vecinos volvieron a reunirse en el acceso bloqueado y decidieron reclamar que se cumpla, no ya con la ordenanza sino con la Carta Orgánica que en su artículo 184 dice que “los inmuebles del ejido municipal linderos a márgenes de lagos y riberas de ríos y arroyos navegables quedan sometidos a servidumbres administrativas de tránsito u otras restricciones al dominio privado, al solo efecto de permitir el libre acceso a las mismas”.
Durante la jornada convocada por la Junta Vecinal de Villa Llanquihue, participaron integrantes del partido Proyecto Sur en Bariloche y los concejales Alfredo Martín (Frente Grande) y Darío Rodríguez Duch (ARI).
En diálogo con B2000, Rodríguez Duch explicó que la servidumbre de paso requiere un acuerdo con el privado pero agregó que, si no se logra, el Estado municipal puede recurrir a imponer una “servidumbre administrativa”. El abogado y edil por el ARI indicó que el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro a favor del acceso a Lago Escondido se fundamentó en esa figura que es usualmente utilizada para las servidumbres de agua o caminos vecinales pero también en estos casos.
“Sin dejar de ser propiedad está sometido a una restricción de dominio, es decir, a un límite del derecho de propiedad. Es realmente lo que nosotros consideramos que corresponde en esta instancia donde aparentemente fracasó la posibilidad de un acuerdo”, expresó. “Si el Ejecutivo no llegó a un acuerdo tiene que ejercer su derecho que es la potestad que le da el artículo 184 de la Carta Orgánica y someterlo a servidumbre administrativa”, agregó.
Mientras tanto, junto con los concejales Alfredo Martín y Silvia Paz (Frente Grande) evalúan proponer al Concejo Municipal una ordenanza de expropiación de la pequeña franja utilizada que no llegaría a los 20 m2 en un total de 38 hectáreas del predio.
“Sería la última instancia porque lo que correspondería sería que el Estado ejerciera su potestad e hiciera valer la ley para evitar acudir a una expropiación en la que el pueblo de Bariloche tendría que pagar por algo que no corresponde que pague”, concluyó Rodriguez Duch.
Por su parte, el concejal Martín reflexionó que “si el Estado municipal en su conjunto hubiese hecho todo lo que tenía que hacer no hubiese pasado esto y no se hubiese permitido el paredón o tendría que haber hecho el derecho de paso antes de que se unificaran los lotes y se vendiera”. “Hubiese sido más fácil hacer la restricción al dominio cuando se autorizó la unificación de los tres lotes. Pero nunca se piensa de esa forma”, señaló.
Durante el encuentro, Candelaria, una vecina de Villa Llanquihue y de origen mapuche, se dirigió a los presentes para expresar que el reclamo es por el acceso y disfrute de lagos, ríos, arroyos, riberas y líneas, tal cual lo dice la Carta Orgánica, “como lo tuvieron nuestros antepasados”.
“La Carta Orgánica habla de las generaciones futuras pero yo les pregunto de cuál generación futura hablan. Muchas otras playas se encuentran en la misma situación, bloqueadas de muchas formas porque donde no hay muros, tienen perros malos o alambres con corriente o un cuidador con un arma. Yo me pregunto de qué futuro hablan si en el presente ya no lo tenemos, ni playas ni bosques, todos son privados”, concluyó.
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